Propuestas

BASES DE ACCIÓN POLÍTICA

Las bases del programa de acción política contienen los lineamientos esenciales del
ejercicio del poder a los efectos de consagrar materialmente los fundamentos plasmados en
Nuestra Declaración de Principios.

Estas “Bases de acción política” son también el “corpus” al cual referenciar
definiciones conceptuales esenciales que guiarán los ejes de un nuevo Contrato Social entre
los argentinos y las relaciones con otras naciones del mundo.
Todo lo enunciado, tendrá la finalidad esencial de asegurar las libertades individuales
de los habitantes, principio fundamental de toda acción política del Partido Libertario,
apoyados en la convicción de asegurar la igualdad ante la Ley de todos los habitantes y
reconocer el derecho a la autodefensa de las personas. Todas las reformas estarán guiadas
por el fin último de garantizar los derechos universales inherentes al individuo a la vida, la
libertad y la propiedad privada.

CONVICCIÓN LIBERAL

Desde este partido debemos insistir en la supremacía de la libertad, la razón y la
individualidad para la construcción de un pensamiento y una sociedad más justa; promover
la convicción de que no hay organización institucional o Estado que deba ejercer el rol de
tutor moral de sus ciudadanos.
Como libertarios, reconocemos que el Estado debe ser el protector de la
individualidad de todos los ciudadanos, para que puedan desarrollarse en un contexto
cultural y social favorable; de apertura en el debate; de posicionamiento crítico, pero
aspirando consagrar valores morales guiados por la libertad, que deseamos, pueda ser
comulgada por la ciudadanía que queremos: un ideal de seres humanos formados,
pensantes, libres e independientes.

Nos comprometemos a que nuestros representantes nunca promoverán o adherirán
a proyectos que impliquen aumento de las funciones del gobierno y a cualquier aumento o
creación de nuevos impuestos.
Todos los cargos políticos que puedan ser ocupados por los integrantes de este
partido, respetarán estos principios liberales.

REFORMA DEL ESTADO

El Partido Libertario cree que existen responsabilidades indelegables e
intransferibles que debe asumir el Estado moderno y para poder asumir esas
responsabilidades, él mismo debe estar en condiciones de ejecutar las políticas públicas y
acciones administrativas de forma eficaz y eficiente.
Resulta indispensable una profunda reestructuración de todos los estamentos de la
Administración Pública (de la centralizada como de la descentralizada) a los efectos de
simplificar al máximo posible la labor administrativa, suprimiendo toda una maraña de
órganos administrativos cuyas competencias hoy día se superponen o resultan innecesarias.
La actividad administrativa debe reducirse al mínimo indispensable a los efectos de cumplir
en forma eficiente con el fin de toda su labor.
Proponemos la introducción de un nuevo sistema de contabilidad pública y de
control de gestión para incorporar la gestión por resultados para las áreas que administran
regulaciones y prestan servicios. Esto hará posible introducir incentivos en los contratos.
La gestión pública deberá evaluarse de manera permanente por los resultados
obtenidos en el cumplimiento de sus objetivos y deberá ser sujeta a una profunda
renovación tecnológica en los métodos, instrumentos y procedimientos utilizados. La
transparencia será una condición necesaria de la gestión pública, también se impulsarán
medidas tendientes a la descentralización administrativa de niveles superiores hacia niveles
inferiores de gobierno y desde el Estado Nacional y Provincial hacia una órbita Municipal. La
tercerización y privatización de funciones no esenciales mejorará la gestión del Estado.
La nueva estructura de gobierno propuesta responde al denominado criterio de
diseño “Base Cero”. No parte de la organización existente, sino que se diseña una nueva,
que responda al objetivo de cubrir, con criterios modernos y eficientes de administración,
todas las funciones gubernamentales establecidas en la Constitución Nacional y las Leyes
vigentes. No debe haber superposiciones sino claridad en las líneas de decisión. El diseño
base cero, hace posible superar las deformaciones acumuladas en la organización actual

REFORMA POLÍTICA

Proponemos una profunda reforma política que permita a la ciudadanía ejercer
plenamente sus derechos, obligaciones cívicas y, al mismo tiempo, controlar la gestión
pública de aquellos que han sido designados o electos para tal responsabilidad. Una mejora
sostenida en la representatividad de quienes accedan a cargos electivos y a su vez llevar
adelante una reformulación del sistema electoral, tal que refleje con la debida
proporcionalidad las preferencias políticas de los ciudadanos.
La idoneidad, la transparencia y la indeclinable asunción de las responsabilidades
deberán ser las condiciones éticas que la sociedad espera de sus representantes. Sobre la
base de su afianzamiento podrá asegurarse la previsibilidad, credibilidad y gobernabilidad
del sistema democrático de gobierno.
En lo inmediato, proponemos específicamente:

Cambio en las formas de financiamiento de partidos políticos, con énfasis en la
publicidad de los actos y en la auditoría pública y privada de los fondos partidarios.
● Supresión de las listas sábanas a través de la aplicación de mecanismos directos de
representación mediante la aplicación del sistema de votación por boleta única de
papel. Esto asegura la cabal expresión de la voluntad política de la ciudadanía
incluyendo la posibilidad de presentación de candidatos independientes.
● Reducción del número de legisladores y concejales.
● Autofinanciamiento de asesores y estructuras de apoyo de los legisladores.
● Dotar al Consejo de la Magistratura de la potestad de la eliminación de todo tipo de
fueros y proteccionismos de actores políticos que imposibilita el control y la
eficiencia del Poder Judicial para luchar en contra de la Corrupción Política.
Desarmando así, el escudo de inmunidad que tienen los políticos en contra del Poder
Judicial, para que puedan ser juzgados y respondan por sus delitos, para ello se
deberá contar con los votos de no menos de dos tercios de sus integrantes.
● Sustitución de toda financiación pública por la privada. Deberán publicar sus actos y
atenerse a auditorias públicas y privadas de los fondos partidarios. De esta manera,
se reduce la carga tributaria que recae sobre los individuos.
● Recortar paulatinamente los salarios de la Clase Política hasta que lleguen a percibir
por lo menos, un 50% de lo que perciben actualmente y establecer un nuevo orden
jerárquico en donde los salarios coincidan con el cargo y responsabilidades
inherentes. Los sueldos de los Jueces también deberán ser revisados y no
exceptuados de los impuestos a las ganancias, eliminando de esta forma privilegios
de un colectivo sobre terceros.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Reforma Judicial

Proponemos una profunda reforma política que permita a la ciudadanía ejercer
plenamente sus derechos, obligaciones cívicas y, al mismo tiempo, controlar la gestión
pública de aquellos que han sido designados o electos para tal responsabilidad. Una mejora
sostenida en la representatividad de quienes accedan a cargos electivos y a su vez llevar
adelante una reformulación del sistema electoral, tal que refleje con la debida
proporcionalidad las preferencias políticas de los ciudadanos.
La idoneidad, la transparencia y la indeclinable asunción de las responsabilidades
deberán ser las condiciones éticas que la sociedad espera de sus representantes. Sobre la
base de su afianzamiento podrá asegurarse la previsibilidad, credibilidad y gobernabilidad
del sistema democrático de gobierno.
En lo inmediato, proponemos específicamente:
● Cambio en las formas de financiamiento de partidos políticos, con énfasis en la
publicidad de los actos y en la auditoría pública y privada de los fondos partidarios.
● Supresión de las listas sábanas a través de la aplicación de mecanismos directos de
representación mediante la aplicación del sistema de votación por boleta única de
papel. Esto asegura la cabal expresión de la voluntad política de la ciudadanía
incluyendo la posibilidad de presentación de candidatos independientes.
● Reducción del número de legisladores y concejales.
● Autofinanciamiento de asesores y estructuras de apoyo de los legisladores.
● Dotar al Consejo de la Magistratura de la potestad de la eliminación de todo tipo de
fueros y proteccionismos de actores políticos que imposibilita el control y la
eficiencia del Poder Judicial para luchar en contra de la Corrupción Política.
Desarmando así, el escudo de inmunidad que tienen los políticos en contra del Poder
Judicial, para que puedan ser juzgados y respondan por sus delitos, para ello se
deberá contar con los votos de no menos de dos tercios de sus integrantes.
● Sustitución de toda financiación pública por la privada. Deberán publicar sus actos y
atenerse a auditorias públicas y privadas de los fondos partidarios. De esta manera,
se reduce la carga tributaria que recae sobre los individuos.
● Recortar paulatinamente los salarios de la Clase Política hasta que lleguen a percibir
por lo menos, un 50% de lo que perciben actualmente y establecer un nuevo orden
jerárquico en donde los salarios coincidan con el cargo y responsabilidades
inherentes. Los sueldos de los Jueces también deberán ser revisados y no
exceptuados de los impuestos a las ganancias, eliminando de esta forma privilegios
de un colectivo sobre terceros.

Reforma Judicial

A los efectos de una debida asignación de jueces proponemos una reestructuración
del Consejo de la Magistratura en aras de optimizar el cumplimiento de sus cometidos
constitucionales. Despolitizar la institución (en el sentido de limitar la actual preponderancia
de los representantes de los órganos políticos, reduciendo su participación a solo tres
miembros y que, de ninguna manera, superen las plazas de integrantes civiles), acelerar los
procesos de selección y designación de magistrados, reformular el reglamento de concursos,
organizar procesos de control de calidad del servicio de justicia, mejorar los procesos de
reclutamiento de recursos humanos, son algunas de las materias prioritarias. Todo esto
tanto a nivel Nacional, como Provincial.
Es imprescindible dotar de mayor eficacia a los procesos judiciales y acortar los
tiempos de resolución de pleitos, para poder proveer un servicio útil a la ciudadanía y hacer
más controlable y transparente la administración de justicia.
Resulta indispensable una precisa modificación de nuestras leyes procesales a los
efectos de abreviar los juicios y, adicionalmente, debe propenderse a reducir la
concurrencia litigiosa ante el Poder Judicial, desarrollando métodos alternativos para la
solución de conflictos, como los sistemas de mediación y arbitraje privados. Un profundo
esfuerzo de inversión en tecnologías informáticas es imprescindible para facilitar el logro de
los objetivos anteriores, particularmente, se debe incorporar tanto la firma electrónica
como los modernos sistemas de notificación electrónica.
Impulsaremos al arbitraje privado en las áreas idóneas del Derecho, como el
mercantil. Implementación del mandato constitucional de establecer el juicio por jurados.
Eliminación de la facultad del “per saltum”. Garantizar el cumplimiento efectivo de
condenas.
Sin olvidar el carácter local o provincial del Derecho Procesal apoyamos la
implementación de juicios orales, con la elevación considerable del número de Jueces a los
efectos de que se cumpla plenamente el sabio Principio de Inmediatez del Sr. Juez con las
partes y con todos los elementos probatorios de una causa (no es o mismo leer la fría letra
de una declaración testimonial, que ver al testigo de carne y hueso en el momento mismo
de su declaración). Bregaremos por la instauración de un sistema procesal civil
absolutamente dispositivo, en el cual las partes se encuentren en pie de igualdad ante un

Sr. Juez absolutamente imparcial e independiente.
Como medida de política penal de prevención, sostenemos la imperiosa necesidad,
entre otras estrategias, de concientizar acabadamente a toda la población sobre el costo
que conlleva la comisión de delitos. Asimismo, apoyamos la implementación de un sistema
penal plenamente acusatorio. Tolerancia “cero” contra la delincuencia. Propiciamos la
implementación de juicios penales que, siempre respetando plenamente el derecho de
defensa de raigambre constitucional, sean de rápida resolución.
Entre otras medidas, proponemos:
● Deportación inmediata de los delincuentes extranjeros.
● Colaboración entre sistema judicial, educativo y ONG para atender a menores en
riesgo.
● Aplicación muy restrictiva y expresamente contemplada normativamente de la
Probation sólo a delitos menores.
● Sanciones efectivas a “padres responsables” de delitos cometidos por menores de
edad.
Reducción rango discrecional de pena librado a criterio del juez.
● Impulsar Ley 10, 20, Vida – Amarilla, Naranja y Roja: Nos referimos a la escala
particular que se impone a quienes cometen delitos con armas de fuego: diez años
por exhibirla, veinte por emplearla y prisión de por vida si mata a alguna persona.
● Propiciar la simplificación drástica de las leyes promulgadas y sus decretos
reglamentarios.
● Iniciar un proceso de revisión y derogación de las Leyes, que tengan vicios de
legalidad o que sean éticamente inválidas (Por ejemplo la Ley N° 10187/14
“Antimotín” de la Provincia de Córdoba), tendientes a regular compulsivamente la
vida de los habitantes y a expoliar a los productores.
● Registros y notariado: Fin de la obligatoriedad de notarización. Libre mercado
notarial. Simplificar trámites y costos burocráticos a los ciudadanos.
Se solicitará imperiosamente a los Jueces que apliquen las penas de Reclusión, ya
contempladas en nuestro Código Penal (con trabajos obligatorios para los reos, pero que no
sean tiránicos, ni tortuosos) para los delitos graves. Se impulsará la reforma del Código
Penal, con el fin de modificar la modalidad en la que se determinan las penas en los casos de
reincidencias, concursos de delitos, acumulación procesal de acciones penales y unificación
de las penas. Todas y cada una de las conductas delictivas serán castigadas de manera
autónoma y serán severamente castigadas en casos de reincidencias y acumulación de
causas. Se anulará el límite máximo temporal al que puede ser condenada una persona, por
más que este supere la expectativa de vida de la misma. Teniendo en cuenta que los últimos
estudios criminológicos indican que el endurecimiento de las penas no produce efectos
considerablemente positivos, todo lo anteriormente expuesto tiene por finalidad, reducir
drásticamente los incentivos que hoy en día tienen los delincuentes en proseguir con su
estilo de vida y no buscar otras alternativas más dignas, respetuosa de los derechos del
resto de los individuos que integran la sociedad.

Reforma del Sistema de Seguridad

La seguridad de las personas y de la propiedad será establecida como alta prioridad
del accionar Estatal. En tal sentido, se mejorará el equipamiento y la formación de los
responsables de la prevención y represión del delito. Se realizarán inversiones en tecnología
para todas las fuerzas de seguridad y policiales; policía científica; e Información
criminológica. Se propondrá la modificación de leyes y procedimientos que dificultan el
accionar policial y que otorgan excesivas concesiones a los delincuentes, particularmente,
cuando se trata de individuos peligrosos y reincidente
Al mismo tiempo, defendemos el derecho que posee todo ser humano a defender
su vida, propiedad y libertad frente a una amenaza ilegítima. Creemos conveniente
desregular el mercado legal de armas de fuego y proteger su uso legítimo y responsable por
parte de los ciudadanos. Una mayor accesibilidad legal a medios defensivos y a una
capacitación de calidad es de una inmensa importancia para defender no solo los derechos
previamente citados, sino también para lograr la reducción del mercado negro de armas de
fuego, del crimen y una mejor defensa de nuestra soberanía en el territorio de la República
Argentina. En este sentido se formarán previamente profesionales especializados que serán
capaces de determinar el perfil necesario y se generarán registros y reglamentos
pertinentes.
Estimamos sumamente imprescindible que se generen nexos que permitan
establecer criterios de acción en común entre las Fuerzas de Seguridad y la Justicia, de la
cual actualmente es un mero auxiliar. A través de un Sistema Integrador, se aplicarán
políticas de redireccionamiento de planificación, para una prevención más eficiente del
delito. Se producirán acciones tendientes a acercar las diferencias entre la Policía y la
Justicia, a través de un código de procedimientos policiales, avalado y aprobado por el Poder
Judicial, haciendo que ambas partes colaboren y sean responsables del resultado del
accionar de la policía en defensa y protección de los ciudadanos, de sus derechos y
garantías.
Unificar la información que surja de los recursos de inteligencia existentes en el país
y su puesta a disposición de los Estados Nacional y Provinciales.
Se propulsará un programa de Despolitización y Profesionalización de las fuerzas
policiales, produciendo cambios significativos en los sistemas de adscripción, estudios,
jerarquización, competencia y reglamentos de todo el Sistema Policial, con el fin de obtener
una policía más preparada, más incentivada y con mayor integración social. Se propulsarán
políticas de autofinanciamiento y se prohibirán determinantemente las sucesiones de altos
puestos jerárquicos policiales a otros estamentos del Gobierno o Entidades Públicas.
Procederemos a la eliminación absoluta del Ministerio de Seguridad, las Secretarías
de Seguridad y todas sus Dependencias. Estas, serán reemplazadas por un Consejo de
Alcaldes, integrado por un miembro de la Fuerza de Seguridad, uno del Poder Judicial y por
un civil cualificado, los que serán elegidos de forma abierta y voluntaria. No se permitirá la
postulación, colaboración, promoción o apoyo de los partidos políticos. Este organismo
tendrá facultades y funciones similares al Consejo de la Magistratura en el ámbito Judicial,
pero no podrá ser integrado por actores políticos. Una de sus metas principales es la
eliminación de la corrupción dentro de las Fuerzas de Seguridad y el correcto uso del
presupuesto Estatal destinado a Seguridad.

Reforma del Sistema Penitenciario

Implementaremos una reforma integral para garantizar la auto sustentabilidad de
las cárceles. Baja del gasto público. Fomentar el trabajo entre los presidiarios para su
reinserción laboral y aliviar a los ciudadanos de la carga impositiva.
El sistema penitenciario debe ser reformulado, dando prioridad a la remodelación,
construcción y/o habilitación de nuevas cárceles. Se deben lograr establecimientos que, de
manera realmente efectiva, logren readaptar socialmente a quienes han cometido delitos.
Como está ocurriendo exitosamente en otros países, es necesario contemplar la alternativa
de privatización parcial y en forma gradual, de esta función, procurando un grado de eficacia
y eficiencia que están muy alejados de la realidad actual de nuestro país.
También proponemos reacondicionar el Sistema Penitenciario y prepararlo para
que pueda cubrir penas de Reclusión (Trabajos Obligatorios) que pueden ser dictaminados
en caso de delitos graves. Estos pueden ser: Explotación de Recursos Minerales en Canteras
Nacionales; Reforestación de Parques y Reservas; Arreglo o expansión de caminos y rutas;
etc. Esto beneficiaría al mismo tiempo al reo y a la sociedad, ya que el convicto adquiriría
habilidades y aptitudes laborales, como así también el dictado de sentencias más breves en
relación a las penas de Prisión, al mismo tiempo estaría realizando labores que de otra
manera deberían ser realizadas por el Estado en detrimento del erario público.

REFORMA TRIBUTARIA

Reforma tributaria integral que simplifique la cantidad y magnitud de los tributos,
poniendo especial énfasis en la eliminación de los impuestos distorsivos que gravan la
producción, la ganancia, el trabajo y los emprendimientos, es decir, la generación de riqueza
genuina, y que atentan contra el crecimiento económico de la Nación.
Eliminación del impuesto al cheque e Ingresos Brutos y los impuestos a las
Sucesiones y Donaciones y continuar con una baja sustantiva de la tasa de impuestos como
el IVA y las cargas sociales sobre el trabajo, cuyo elevado nivel, es un incentivo formidable
para la evasión y la ampliación de la actividad informal.
Se realizarán Auditorías de Tasas provinciales y municipales para su simplificación y
reducción.
A los efectos del pleno restablecimiento de la forma FEDERAL DE ESTADO y el pleno
ejercicio del poder autónomo de las provincias se propicia, mediante la correspondiente
reforma constitucional, la eliminación del nefasto régimen de coparticipación tributaria que
resulta flagrantemente violatorio del reparto de competencias tributarias asignado por la
Constitución Nacional originaria. Restableciendo en su plenitud las competencias tributarias
de cada estamento de poder, las provincias volverán a ejercer su verdadero poder
autónomo y dejarán de ser meras reparticiones administrativas que se arrodillan ante el
PEN a la espera de la remisión de los fondos que surgen del actual régimen de reparto, en
rigor inconstitucional.

La propuesta es lograr correspondencia fiscal. Esto quiere decir que las provincias
deberán ser en su conjunto responsables de recaudar los impuestos necesarios para cubrir
la totalidad del gasto conjunto provincial. Esto es posible devolviendo potestades tributarias
a los Estados provinciales de manera de retener para la Nación sólo el cobro de los tributos
que surgen de su potestad tributaria constitucional. La distribución de las potestades
tributarias en los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, se establece
en función del carácter y la facilidad de recaudación y control de cada impuesto. De esa
forma se alinearán los incentivos y se propenderá a gastar menos y gastar mejor.
Propiciamos que en cada Provincia se estriben las reformas necesarias a los efectos
de que sus Municipios gocen plenamente de la autonomía consagrada en el Art. 123 de
nuestra Constitución Nacional, convirtiendo así a cada municipio en un ente tributario
autónomo y, por tanto, independiente de las provincias en la recaudación y gestión de ese
dinero.
Derogación de la última reforma tributaria en particular la extensión de
responsabilidad, suspensión de la CUIT, baja de registros de importadores y exportadores,
inhabilitaciones, etc.
Limitación a la potestad tributaria provincial y municipal para imponer
contribuciones directas a quienes son contribuyentes locales, prohibir la desnaturalización
de tributos directos aplicándolos como indirectos (Ej: Convenio Multilateral o tasas
municipales sobre ingresos brutos).

REFORMA LABORAL Y SINDICAL

Reforma Laboral

Consideramos que el art. 14 bis de nuestra C.N. desvirtúa el derecho a igualdad de
las personas, en cuyo nombre se han cometido un sinfín de atropellos, alejándose de la
verdadera igualdad que nos dignifica, que es la Igualdad ante la Ley. Es por esto que
proponemos una serie de reformas que creemos asegurarán el camino al desarrollo
económico real para toda la ciudadanía, consolidando así a largo plazo una Argentina de
oportunidades, de igualdad y de crecimiento.
Proponemos: Libertad de contratación, la abolición del salario mínimo y la
consolidación de un mercado de trabajo plenamente libre que traerá como consecuencia un
aumento del salario y del empleo.

omo mecanismo ideal para seguro de desempleo, se propondrá un régimen de
capitalización individual, al cual cada trabajador hará aportes mientras este en actividad y
de cuyos fondos será dueño exclusivo, disponiendo de los mismos libremente cuando quede
sin empleo o cuando decida retirarse de la actividad laboral.
Habilitación de planes de capacitación semestral en artes y oficios dentro de las
empresas para entrenar a desocupados, eximiendo de impuestos al trabajo a quienes los
contraten.
El primer tramo de la contratación debería contar con una fuerte reducción de las
contribuciones patronales, que en la medida que tiendan a cero aumentarán la captación de
trabajadores.
Es importante reconocer la jornada y descansos flexibles y los premios en la
remuneración que responda a pautas de productividad, de producción, de rentabilidad y en
general de resultados medidos objetivamente.
Planes de ayuda a desocupados. Se reemplazarán los actuales planes trabajar por
planes de trabajo temporal con supervisión personalizada. Se proveerá de atención
individualizada a los desempleados y se introducirá un sistema de cupones para formación,
de tal forma que los desempleados puedan adecuar sus habilidades a las demandas del
mercado.
Se propulsarán programas de vinculación de institutos educativos con empresas y
se desarrollará un plan de pasantías, para estudiantes que cursen entre el último año de la
escuela secundaria y el último de carrera terciaria o universitaria, dando prioridad a la
obtención de experiencia laboral para los estudiantes, preparándolos para el mercado
laboral.

Reforma Sindical

Es nuestro menester, como nueva propuesta política, declarar ante la sociedad
nuestro interés por una Reforma sindical total.
El sindicalismo debe perder su rol de intermediador en la provisión de la salud a
través de las Obras Sociales, rol que los sindicatos no cumplen en ningún país digno de ser
considerado como modelo.

Las negociaciones salariales deben ser por empresas, eliminando la negociación
colectiva, que no contempla la situación diferencial de distintas empresas dentro de cada
ramificación, cualquiera fuere la profesión u oficio.
Finalización del Régimen de Unidad Promocionada y de la recaudación sindical por
parte del Estado.
Se impulsará la derogación de los artículos 1° al 5° de la ley 24642/96,
sustituyéndolos por otros que impliquen la imposibilidad por parte de las empresas y del
Estado para actuar como agente de retención de aportes y contribuciones de origen sindical
(obra social, aporte sindical, seguro de vida, etc.).
Queremos instar a la derogación del Art. 25° de la ley 23551 (Ley de Asociación
sindical), por tratarse de un artículo que alienta el monopolio sindical, al otorgar, solamente,
la personería gremial única, al sindicato que obtenga 20% o más de afiliados en el sector al
que participa.
Garantizar la voluntariedad de los aportes a las obras sociales. Debe eliminarse el
“unicato” sindical, la afiliación obligatoria y la falta de democracia en la elección de los
representantes de los trabajadores, prohibiendo las reelecciones continuas.

SISTEMA PREVISIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Implementación de sistema basado en la capitalización individualizada privada y
voluntaria. Voluntariedad de los aportes y devolución de la elección del servicio a los
ciudadanos.
Todo acto administrativo en virtud del cual se haya otorgado una jubilación o
pensión violando la legalidad será inmediatamente revocado en aras del pleno
restablecimiento del respeto al ordenamiento jurídico vigente y sin derecho a
indemnización alguna atento la ilicitud subyacente.
Se igualará la edad de jubilación de hombres y mujeres en 65 años. Las cuales se
elevarán gradualmente hasta alcanzar los 70 años en los próximos diez años.
Se revisarán los planes sociales vigentes suprimiendo en un plazo de seis meses los
que: a) no cumplan con las condiciones de su otorgamiento. b) estén asignados a personas o
familias que expongan un nivel de ingresos de fuente distinta, formal o informal, del plan
social y superior a un monto a definir. c) Los inmigrantes nacionalizados sin vivienda fija y
que no puedan demostrar su constante residencia en el País.

POLÍTICAS ECONÓMICAS

Es importante remarcar la importancia de las reformas previamente descriptas para
la aplicación coherente de las siguientes propuestas de política económica. En este sentido,
se debe comprender que la Reforma del Estado, y las otras propuestas mencionadas, sirven
a la función económica de reducir el nivel de gasto público, el cual hoy excede de manera
peligrosa a la recaudación y a lo que el nivel de ingresos de los habitantes puede tolerar.
A la fecha convivimos con máximos históricos de niveles de presión fiscal, incluso
relativos a otros países de similar nivel de ingresos al nuestro. Por esto entendemos que el
único camino para retomar la estabilidad y el crecimiento económico es reducir el gasto de
parte del estado. Esto es condición necesaria para todas las siguientes propuestas, que
tienen por objetivo establecer las condiciones para que los habitantes de la Nación puedan
liberar todo su potencial de trabajo, ahorro e inversión, siendo que solo los particulares son
capaces de crear riqueza genuina y así retornar al sendero del crecimiento.

Estabilidad monetaria y sistema de banca

Reglas monetarias simples, claras y fáciles de controlar por la sociedad. Corregir las
normas (incluyendo la reciente reforma del Código Civil y Comercial de la Nación) que
impiden el uso de otras monedas o admiten la pesificación unilateral de deudas en moneda
extranjera. De esta manera se establece el curso legal de monedas de otros países que sean
libremente aceptadas por las partes en transacciones y contratos.
Por aplicación del sabio principio constitucional conforme al cual todo lo no
prohibido se encuentra permitido, se derogará toda norma jurídica que prohíba la
utilización como medio de pago de cualquier moneda y aquellas que prohíban la apertura
de cuentas bancarias en otras monedas.
Proponemos instrumentar un plan coherente con el fin último de prescindir del
Banco Central y, hasta entonces, de eliminar la incidencia del gobierno de turno en la
política monetaria (mediante reforma de la Carta Orgánica de dicho órgano).
El sistema actual de Banca Tradicional puede reemplazarse por un sistema que
separa el almacén monetario (respaldados en su totalidad con activos líquidos seguros) que
proveen servicios de pago, transferencias y preservación de ahorro; de la banca de inversión
que provee créditos a largo plazo (financiados en el mercado de capitales).

Endeudamiento y déficit fiscal

Un gobierno ético no gasta más que lo que recauda. Pero durante décadas, de
manera irresponsable, los gobiernos han gastado más que lo que recaudaron, haciendo
abuso de la toma de deuda y emisión espuria de dinero para financiarse. Eso nos llevó a
crisis económicas y sociales mayúsculas, nos condenaron a inflación e impuestos para
repagar las deudas, es decir, a pobreza en el presente y a un futuro hipotecado.
Es por esto que se debe terminar con estas prácticas empobrecedoras,
primeramente, respetando el Artículo 4 de la Constitución Nacional del cual surge
expresamente que el Estado Nacional provee sus gastos con los fondos del Tesoro Nacional
y en su conformación sólo permite tomar crédito con carácter MUY EXCEPCIONAL. Luego,
siendo restringidas las transferencias al Tesoro de parte del Banco Central (y luego siendo
eliminado) se logrará terminar con la emisión espuria de dinero, causal de la inflación, para
financiar el déficit fiscal. Así a posibilidad de incurrir en irresponsabilidad fiscal queda
severamente limitada.

Subsidios y controles

Plan de eliminación de los subsidios a la energía y al transporte para normalizar en
un plazo prudencial las tarifas y precios. Revisión de los esquemas contractuales, de
financiamiento y de cobro, con las empresas prestadoras de servicio para amortiguar
cualquier incremento tarifario. Plan de eliminación o baja de las tasas e impuestos que
afectan el monto final de las tarifas. El impacto sobre los estratos de muy bajos ingresos
deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda.
Eliminación inmediata de subsidios a actividades productivas suprimiendo todo
control e intervención en los precios.

Criptomonedas

Se abrirá el cauce a la posibilidad de la utilización de todos los medios de pago
cancelatorios que libremente convengan las partes, entre otras las criptomonedas o
cualquier otro medio derivado de la constante inventiva fruto de la libertad.

Comercio Internacional


● Eliminar, o reducir a un mínimo muy bajo y uniforme, los aranceles a la
importación, adscribiendo además a las disposiciones de la Organización
Mundial del Comercio que implican la eliminación de toda restricción para
importar, como las Licencias Automáticas y no Automáticas.
● Firmar tratados de libre comercio con todas las regiones o países que deseen
acceder a nuestros mercados, en la medida que nosotros podamos acceder
en términos similares a los suyos.
● Terminar con la práctica de gravar con derechos de exportación nuestras
exportaciones de commodities, reemplazando la imposición a esos sectores
con impuestos internos que graven la renta y no la producción agropecuaria,
minera o hidrocarburífera.
● Conceptualmente, como meta final, debería suprimirse todo gravamen al
comercio exterior para darle un mismo tratamiento tributario que a la
producción y comercio domésticos.

Sector financiero

Libre provisión de servicios en el sector financiero, igualdad de trato a todas las
entidades financieras y bancarias eliminando todo privilegio inconstitucional. Eliminación
del impuesto a la renta financiera.

Empresas públicas

Desde lo descrito en las propuestas de Reforma del Estado, contemplar planes para
la eliminación o, de ser necesario, el traspaso a la órbita privada de las empresas de
administración pública que queden fuera de las competencias de la nueva estructura
administrativa, a las que aún persistan se las pondrán a competir con opciones privadas, con
la finalidad de volverlas más eficientes e ir reduciendo el costo que le provoca al Estado.

REFORMA EDUCATIVA

Consideramos a la educación como un proceso humano fundamental para la
adquisición de conocimientos, valores y costumbres.
Dentro de este marco creemos que la educación debe de estar alineada con el
objetivo primordial del Estado (asegurar que todos sus habitantes, aún ante las diferencias,
puedan consolidarse como individuos libres e independientes de cualquier colectivo o
tercero). Por eso, estamos convencidos que la educación debe, en todos los niveles y en
particular desde la infancia, concentrarse en formar individuos interesados por la vida
política, económica y social; formar individuos críticos, libres y soberanos; pero sobre todo,
formar ciudadanos sujetos de derechos y obligaciones, que entiendan a la libertad y al
respeto por el otro como la guía básica de la moral humana, a través de la cual la paz, la
felicidad y la prosperidad pueden ser alcanzadas.

Por ello, creemos primordial, garantizar el acceso a la educación de calidad a través
de la promoción de programas que permitan a los ciudadanos elegir libremente dónde
instruirse, ya sea en instituciones públicas o privadas y de qué manera instruirse, sea en un
ambiente institucional o informal.
Se debe reconocer a través de la legislación, el derecho de los padres y tutores de
elegir educar a los menores a su cargo en un ámbito no institucional y facilitar información y
capacitación a quienes se interesen por esta opción educativa.
Promover la formación continua de docentes e instructores a través de programas,
evaluaciones y diferentes herramientas.
El crecimiento económico y el bienestar de la sociedad en su totalidad están
íntimamente ligados a la capacidad del sistema educativo de elevar sin exclusiones los
niveles del conocimiento, el desarrollo científico y la riqueza cultural de la población.
La Nación es responsable de garantizar la unidad legal del sistema educativo, en
tanto que las provincias serán las responsables primarias de brindar el respectivo servicio
educativo. La función del gobierno nacional se limitará a la elaboración de Contenidos
Curriculares Básicos en cooperación con las provincias.
Consideramos que el Estado, no puede imponer

un único modelo de educación
institucionalizada, ya que atenta contra la libertad de pensamiento y facilita la capacidad de
adoctrinamiento de la sociedad por parte de malos gobiernos. Para dotar de una equidad
real a aquellos padres cuyos recursos económicos no pueden costear una Educación Privada
y que solo pueden optar por una Educación Pública que, en la mayoría de los casos, no está
a la altura de las circunstancias, proponemos la implementación del Sistema de Cupones
Escolares (Vouchers), que garantiza el acceso a la Educación Pública y Privada
indistintamente, ampliando así las opciones para los estudiantes, poniendo a competir a la
totalidad del Sistema Educativo, en términos de contenido, nivel de los profesores, de las
áreas a desarrollar, infraestructura, entre otros aspectos, que tendrán como beneficiario
principal al alumnado.

El Voucher Educativo es un cupón que el Estado le entrega a cada alumno para
sustentar su educación, es un documento intransferible y vinculante, por lo cual, no puede
ser utilizado con otros fines, ni por otras personas. El proceso de entrega, control y
fiscalización estará a cargo del Ministerio de Educación mas no existirán vínculos directos
entre el Estado y las entidades educativas, evitando así los posibles casos de corrupción.

Educación Básica

En este ciclo del proceso educativo es imprescindible la vinculación escuela- familia
y la participación de un cuerpo docente distinguido por su idoneidad y respetado en su
calidad profesional (tanto en la autoridad que se le reconoce como en el salario que se le
retribuye).
En lo fundamental se propone:
● Mantener el esquema de una educación básica para los niños y una especialización
posterior para los adolescentes (siendo cada provincia la que debe determinar la
duración de una y otra) y sostener la medición anual de la calidad educativa
(discriminada por escuela) realizada por una institución autárquica dependiente del
Poder Ejecutivo Nacional y por organismos internacionales.
● Brindar mayor autonomía en la gestión de recursos y diseño de estructuras internas
a las instituciones educativas de gestión estatal sin afectar su gratuidad.
Permitir la participación de las intuiciones educativas de gestión privada en el
sistema de Voucher Educativo para facilitar su financiación.
● Velar por una mayor asistencia educativa y (donde las circunstancias lo requieran)
apoyo sanitario y alimenticio a niños de bajos recursos, redefiniendo las jornadas de
ser necesario.

Educación Superior

Las universidades nacionales deberán ser centros de excelencia educativa y de
investigación, en intercambio con otras universidades del mundo, receptivas de las
demandas de la sociedad argentina y cuidadosa de los valores esenciales para su función: la
libertad de pensamiento y expresión y la valoración de la persona humana como fin último
de su misión académica.
Las universidades mantendrán la autarquía en la gestión de sus recursos, pero con
posibilidad de ser auditadas por un organismo estatal descentralizado o por organizaciones
privadas. Su financiamiento deberá reconocer y desarrollar el acceso a fuentes
complementarias de recursos distintas de las previstas por el estado nacional.
El Estado preservará el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación superior, sea de un modo directo a través de becas o, de un modo indirecto, a
través de préstamos estudiantiles.

SISTEMA DE SALUD

El gasto en salud de la sociedad argentina, que es alto en comparación con el resto
del mundo, también se destaca por su enorme ineficiencia y elevado costo social. Lejos de
contribuir al bienestar de las personas, ha significado una amenaza para la salud de muchos
conciudadanos.
Nuestro interés en relación a este aspecto es que el Estado impulse un verdadero
desarrollo, en cuanto al acceso federal al sistema de salud, para que las disparidades
regionales sean reducidas a la mínima expresión.
Existe por tanto un margen importante de mejora en la extensión social, la
cobertura y la calidad de la atención médica de la población, particularmente aquella que
depende del hospital público, las obras sociales o el PAMI.
Será responsabilidad del Estado Nacional atender únicamente aquellas
circunstancias de salud pública estrictamente relacionadas con endemias, epidemias o
pandemias (ocupa un lugar privilegiado aquí la vacunación); será responsabilidad del Estado
Provincial (y municipios autónomos) bregar por la evaluación de las necesidades médicas
locales, la fijación de objetivos sanitarios, la selección de alternativas eficientes de
asistencia, la provisión de recursos para financiarlas y evaluación continua de resultados;
será responsabilidad del Estado Municipal (no autónomo) la colaboración con el Estado
Provincial en la implementación de los programas de salud.
Con el fin de respetar la autonomía individual en la gestión de los recursos para la
propia salud, se promoverá un libre mercado de seguros de salud y prestaciones médicas
donde el Estado tendrá el rol de supervisor y regulador del sistema, así como la
responsabilidad primaria de garantizar cobertura mínima a los sectores con menos recursos.
Se permitirá la libre y rápida derivación de aportes a la obra social o prepaga que
desee y prefiera el trabajador, incluidos los trabajadores del sector público.

DEFENSA

El Estado tiene una necesidad urgente de reformas profundas destinadas a
revitalizar las FFAA al nivel que un país con nuestros recursos naturales, extensión y posición
geográfica requiere.
Creemos que es necesario hacer una revisión del conjunto normativo legal de las
FFAA, para asegurar que las normas sancionadas no sean una perturbación para unas
fuerzas modernas, eficientes y al servicio de la Nación.
El Ministerio de Defensa deberá cumplir su misión, revirtiendo la situación que se
observa hoy: falta de políticas sobre el sector y de capacidad técnica de sus funcionarios.
El Estado Mayor conjunto será, por excelencia, el órgano asesor y auxiliar en
materia de estrategia militar, además de las otras funciones específicas que por ley tiene
asignadas.
Se requiere revalorizar las FFAA, en especial en sus condiciones anímicas y
materiales para poder cumplir con su misión. Será necesario un sostenido esfuerzo de
reconstrucción, imprescindible para revertir la actual situación.
Es apremiante una reestructuración de la burocracia militar, que permita reducir los
esfuerzos, traducidos en tiempo y costos, de las tareas administrativas que actualmente
están totalmente desvirtuadas e insumen grandes recursos, para volcar los mismos en las
tareas operativas que son la razón de ser de las FFAA, obteniendo como resultado una
estructura administrativa eficiente y moderna. Dicha reestructuración debe incluir los
procesos logísticos indispensables para suplir las necesidades de alistamiento de los
distintos componentes.
Se considera necesario un presupuesto plurianual con una asignación mínima a
Defensa del 1,5 % del PBI.
Argentina deberá estar preparada para varias hipótesis de conflicto como es el caso
de la amenaza internacional del terrorismo, el narcotráfico, ciberguerra, depredación del
Mar Argentino, y defensa de recursos naturales de valor estratégico, entre otros. Se
sostendrá la conformación de FFAA concentradas y con gran capacidad operativa y
tecnológica, que permitan su despliegue rápido y dúctil.
Deben lograrse relaciones diplomáticas estables con países desarrollados, que
permitan no solo la fluidez de intercambios, de conocimientos militares, sino también la
adquisición de medios y/o Sistemas de Armas, con su consiguiente transferencia de
tecnología, que faciliten la recuperación completa de las FFAA y del prestigio internacional
de la República.

RELACIONES EXTERIORES

La construcción de las relaciones internacionales debe tener como eje político, la
adhesión a los principios de la libre determinación de los pueblos, el respeto por los
derechos humanos, el mantenimiento del orden mundial basado en la paz y el respeto a las
libertades fundamentales. Estamos convencidos que la búsqueda de nuevos mercados para
la integración comercial y tecnológica con el mundo son instrumentos necesarios para
promover el desarrollo económico y el verdadero bienestar de nuestro pueblo.
La apertura cultural hacia el mundo servirá para enriquecer las visiones políticas y
filosóficas de gobernantes y gobernados, al mismo tiempo, debemos proyectar la identidad
cultural argentina hacia el mundo en un contexto de tolerancia y receptividad al cambio.
Consideramos fundamental que Argentina mantenga, consolide y prolifere su
adhesión a organismos multilaterales como Naciones Unidas, OEA, convenciones
internacionales para el mantenimiento de la paz, la no proliferación de armas nucleares, el
respeto irrestricto por el libre intercambio multilateral de bienes, mano de obra, recursos
materiales y económicos, la preservación del medio ambiente y el socorro a las migraciones
por causas políticas y religiosas.

RELIGIÓN

RELIGIÓN
La realidad Argentina está atravesada por la diversidad cultural y religiosa. Los
países no tienen una identidad única, no tienen creencias ni ideologías.
En este sentido proponemos:
● Garantizar la libertad de conciencia individual con respecto a cualquier confesión
religiosa o ideología particular.
● Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico y fiscal
para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de
asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley.
● El país debe avanzar hacia una equidad e igualdad ante la Ley de todos los credos.
Pertenecer a una iglesia en particular no redundará en beneficios como exenciones
tributarias, o recursos del Estado para labores de promoción y difusión, sin
excepciones.
● Apoyamos la reforma del artículo 2° de la Constitución Nacional.
● Proponemos la eliminación de los Decretos Ley N° 21.950 y N° 21.540 dictados en el
gobierno de facto del Gral. Onganía; los Decretos Ley N° 22.162/80 y N° 22.430/81
con la firma del Gral. Videla; el del Gral. Galtieri de 1982, Nº 22.552 y el del Gral.
Bignone en 1983, N°22.950, que aún están vigentes que han devenido en un sinfín
de asistencias económicas a la Iglesia por parte del Estado. Como así también la
cancelación de todo pago a futuro tras las correspondientes derogaciones.
● Todo símbolo religioso deberá ser eliminado en dependencias públicas como
edificios, patios, oficinas, etc.
● Garantizar la igualdad ante la Ley y libertad de expresión de todos los cultos
religiosos independientemente de su extensión geográfica o cantidad de adherentes.
● La religión debe ser considerada como una opción personal válida, garantizada tanto
en el ámbito privado, en templos destinados a tales fines, o incluso en espacios
públicos, mientras no coarten la libertad de otras personas con las que compartan
ese sitio.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La protección del medio ambiente y de los recursos naturales debe ser política de
Estado para evitar que un mal manejo contemporáneo que ponga en riesgo la viabilidad
económica y calidad de vida de las generaciones futuras.
Ninguna generación debe estar dispuesta a aprobar políticamente para el futuro
algo distinto de lo que ella estaría dispuesta a imponerse a sí misma. La calidad, cantidad y
reposición de los recursos naturales consumidos – en particular los no renovables – debe ser
tenida en cuenta seriamente al momento de tomar decisiones vinculadas a procesos
económicos y marcos regulatorios que los afecten de manera considerable y sostenida.